Vox acusa al PP de 'hacer caja' con multas de tráfico en Oviedo

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha acusado al Partido Popular de “hacer caja” con las multas de tráfico, después de que el Consistorio prevea ingresar 6,5 millones de euros en sanciones durante este año. La formación critica que, mientras se mantiene “intacto su despilfarro”, se recurra a la recaudación por multas como vía de financiación.

Según los datos aportados por Vox, la previsión de ingresos por sanciones de tráfico asciende a 6,5 millones de euros, una cifra que consideran desproporcionada y que evidencia, a su juicio, una política recaudatoria en lugar de una gestión orientada a la seguridad vial.

Críticas a la Zona de Bajas Emisiones

La formación también ha vuelto a cargar contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo, un área de restricción al tráfico que el Ayuntamiento ha ido implantando en los últimos años. Vox considera que esta medida, lejos de reducir la contaminación, se ha convertido en un instrumento para sancionar a los conductores y aumentar la recaudación municipal.

El partido ha insistido en que la ZBE “no está justificada” y ha pedido su suspensión, al tiempo que ha exigido al equipo de gobierno del PP que explique con detalle el destino de los ingresos por multas y que presente un plan de ahorro del gasto corriente.

Contexto político en Oviedo

Oviedo, capital del Principado de Asturias, está gobernada por el Partido Popular, que cuenta con el apoyo de otros grupos municipales. La oposición, encabezada por Vox, ha venido denunciando en los últimos meses lo que considera un exceso de presión fiscal sobre los ciudadanos, especialmente en materia de movilidad.

La Zona de Bajas Emisiones, obligatoria por ley para las ciudades de más de 50.000 habitantes, ha generado un intenso debate en la ciudad, con posturas enfrentadas entre los que defienden su necesidad para mejorar la calidad del aire y los que la ven como una carga económica para los conductores.

Reacciones y próximos pasos

Desde Vox han anunciado que llevarán esta cuestión al próximo pleno municipal, donde exigirán al equipo de gobierno un desglose pormenorizado de los ingresos por multas y un compromiso de reducción del gasto superfluo. También han solicitado la creación de una comisión de investigación para fiscalizar la gestión de la ZBE.

Por el momento, el Ayuntamiento no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones, aunque fuentes municipales han señalado que las multas se imponen “conforme a la legalidad” y que los ingresos se destinan a partidas de seguridad vial y mantenimiento urbano.

Implicaciones para los conductores

La polémica llega en un momento en el que los conductores de Oviedo ya han tenido que adaptarse a las restricciones de la ZBE, que limita el acceso a determinadas zonas del centro para vehículos sin etiqueta ambiental. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los 200 euros, una cuantía que ha generado malestar entre los afectados.

Los conductores que circulen por la ZBE deben estar atentos a la señalización y a las cámaras de control, ya que las multas se tramitan de forma automatizada. Desde Vox recomiendan a los ciudadanos que recurran las sanciones que consideren injustas y que exijan transparencia en la gestión de los ingresos.

Una polémica que se extiende

Esta no es la primera vez que Vox critica la política de multas del Ayuntamiento de Oviedo. En anteriores ocasiones, la formación ya había denunciado el incremento de la recaudación por sanciones y había pedido la eliminación de la ZBE, una medida que consideran “ideológica” y “recaudatoria”.

La discusión sobre las multas de tráfico y la ZBE se ha convertido en uno de los ejes del debate político local, con una oposición que busca desgastar al gobierno del PP de cara a las próximas elecciones municipales.

Mientras tanto, los ovetenses siguen a la espera de que el Ayuntamiento aclare el destino de los 6,5 millones de euros previstos por multas y de que se pronuncie sobre la continuidad de la Zona de Bajas Emisiones, una medida que, según el gobierno local, es “irrenunciable” para cumplir con la normativa europea.

La polémica está servida, y todo apunta a que seguirá dando que hablar en los próximos meses.