Piden 30 meses de cárcel para criador de perros en Melgar

El Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos ha acogido este martes el inicio del juicio contra el propietario de un criadero de perros situado en la localidad burgalesa de Melgar de Fernamental. La Fiscalía solicita 18 meses de prisión por un delito de maltrato animal, mientras que la acusación particular, ejercida por la asociación Justicia y Defensa Animal, eleva la petición hasta los 30 meses de cárcel.

Los hechos se remontan a febrero de 2020, cuando la Guardia Civil, a través del Seprona, desmanteló el criadero. En el lugar se hallaron alrededor de un centenar de perros, el doble de los autorizados, que vivían en condiciones higiénico-sanitarias pésimas. Los agentes describieron animales desnutridos, enfermos y heridos, algunos con evidencias de canibalismo, un recurso extremo al que habrían llegado para alimentarse ante la falta de comida. También se encontraron ejemplares muertos desde hacía unos veinte días.

Un acusado huido de la justicia desde 2020

El acusado abandonó España apenas cinco días antes del registro de la Guardia Civil y permaneció huido desde entonces. Fue detenido en Venezuela en febrero de este año y extraditado a España para ser juzgado. Durante estos seis años, la causa ha estado paralizada a la espera de su localización.

El juicio, que se celebra seis años después de los hechos, llega en un momento en que la sensibilidad social hacia el maltrato animal ha aumentado notablemente. En Castilla y León, la Ley de Protección de los Animales de Compañía establece obligaciones claras para los propietarios y criadores, y este caso podría sentar un precedente en la aplicación de sanciones penales.

Implicaciones para la provincia de Burgos

Este caso pone de relieve la importancia de la labor del Seprona en la detección de situaciones de maltrato en el ámbito rural. Melgar de Fernamental, un municipio de la comarca de Odra-Pisuerga, es conocido por su actividad agrícola y ganadera, y la existencia de un criadero ilegal en la zona había pasado desapercibida hasta la intervención de la Guardia Civil.

La resolución de este juicio podría tener un efecto disuasorio sobre otros criadores que operan al margen de la legalidad en la provincia. Además, subraya la necesidad de que las administraciones refuercen los controles sobre las explotaciones de animales de compañía.

¿Qué ocurre ahora?

El juicio continuará en las próximas sesiones, donde se escucharán los testimonios de los agentes, los peritos y el propio acusado. La sentencia, que se conocerá en las próximas semanas, determinará si se impone la pena solicitada por la Fiscalía o la más elevada que pide la acusación particular. En cualquier caso, el acusado se enfrenta a una posible pena de prisión que podría alcanzar los dos años y medio.

La asociación Justicia y Defensa Animal ha mostrado su satisfacción por la celebración del juicio, después de años de espera, y confía en que se haga justicia para los animales que sufrieron en este criadero.